La crisis climática ha sido sin lugar a duda causada por la emisiones industriales. Mitigarla mediante la reducción de las emisiones de carbono ha sido el objetivo fundamental de incontables negociaciones. Sin embargo, pocas veces se ha puesto sobre la mesa la idea de detener la explotación petrolera y gasífera.
El IPCC y su alerta roja
En el último reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático se revisan los presupuestos de carbono que no debemos exceder para mantener el incremento de la temperatura global dentro del límite menos riesgoso (+1.5 °C). Este presupuesto es de 460 mil millones de toneladas de CO2 (GtCO2), para un 50 % de probabilidad de no exceder el límite – algo optimista. En la ausencia de medidas de mitigación, estaríamos alcanzando los 1.5 °C de calentamiento en 2030.
El escenario en donde nos mantenemos por debajo de los 1.5 °C (probablemente) requiere reducir las emisiones a la mitad esta década y a cero poco después de 2050. Algo que parece imposible políticamente.
La transición a una economía «verde» se basa en reducir las emisiones y desarrollar fuentes de energía alternativas que no emitan carbono. Sin embargo, la descarbonización de la economía ha ocurrido a paso muy lento y muchos de los firmantes del Acuerdo de París se han quedado cortos en sus objetivos climáticos.
Restringir la explotación de combustibles fósiles sería una solución más efectiva
A pesar de los avances en las energías renovables, la producción petrolera no ha parado de crecer desde los años 1980. Incluso los países que más han prometido una transición a energías limpias han visto un crecimiento en la explotación de sus reservas de combustibles fósiles.
En lugar de lidiar con emisiones de CO2, las políticas públicas podrían dirigirse a restringir la explotación de hidrocarburos (petróleo, carbón, gas natural). Este escenario tendría múltiples ventajas:
- Sería más fácil de implementar administrativamente.
- Encarecería crecientemente los precios de los hidrocarburos.
- Dejaría fuera de juego al lobby petrolero y sus estrategias de ecoblanqueo o «greenwashing».
Actualmente, existen políticas para fortalecer las fuentes de energía alternativas aunque estas deben competir con hidrocarburos en el mercado. Esto provoca que los precios de los hidrocarburos bajen y sean igualmente demandados en otros lugares o que el superávit energético se use para crecer económicamente y no para desplazar los combustibles fósiles. Al final, el efecto de desarrollar energías alternativas sin una política restrictiva hacia la explotación petrolera y gasífera tiene un efecto mínimo.
Sería factible implementar medidas restrictivas contra la explotación de hidrocarburos sin causar daños a la economía. La internacionalista Elle Holmaat ha previsto que restricciones de 25 % en períodos de 8 años darían tiempo suficiente a la economía de reajustarse a la transición energética.
Recientemente se celebró la primera cumbre petrolera pos-pandemia y se discutió sobre nuevas tecnologías «más limpias» para extraer petróleo off-shore. Los países del Sur Global con altas reservas gasíferas y petroleras sostienen que tienen derecho a explotarlas y usar el dinero para desarrollar las energías verdes. Aunque el argumento es válido, no proporciona una solución a la crisis climática. El Norte Global debe compensar al Sur por las desproporcionadas emisiones acumuladas y transferir la tecnología de energías alternativas – libre de patentes y sin fines de lucro.
El ciclo de carbono de nuestro planeta incluye emisiones de fuentes naturales, como la respiración de las plantas, y múltiples sumideros donde el carbono se acumula. El problema de la crisis climática no son en sí las emisiones -palabra a la que se le ha dado un tilde negativo- sino las emisiones extra que la actividad industrial ha agregado al sistema natural. En lugar de administrar emisiones en cada país, podemos concentrarnos en restringir la exploración y explotación de combustibles fósiles. Al fin y al cabo, se trata de un puñado de empresas – y estamos en emergencia.
