Por Soledad Iparraguirre
Ilustración de Martina Cúneo
En las barriadas obreras del Área Metropolitana de Buenos Aires se dan disputas con plantas industriales que presentan índices altos de contaminación y hábiles estrategias para sortear las consecuencias del impacto ambiental y sanitario que ocasionan. Del otro lado, familias enteras que intentan dar pelea mientras hacen frente a enfermedades. Recorrida por los territorios de batallas silenciadas.
Barrio Campamento, al este del municipio bonaerense de Ensenada, nació hace poco menos de un siglo, cuando se construía el puerto de La Plata. Los trabajadores se fueron instalando en carpas (de allí el nombre del lugar) que pasaron a ser mayormente casas de chapa. Copetro, la única productora de carbón de coque calcinado del país, se radicó ahí en el año 80, con un permiso provisorio de Jorge Rafael Videla. El carbón de coque, subproducto de la refinación del petróleo derivado del Polo Petroquímico Berisso/Ensenada, es utilizado en la industria del aluminio y el acero, cuya mayor parte se exporta. Así, desde hace ya cuatro décadas, los vecinos de Berisso y Ensenada conviven con un polvillo negro en sus hogares emanado por las chimeneas de la empresa. Son restos de carbón de coque que contaminan agua, tierra y aire. La planta produce sin descanso, ininterrumpidamente. Los vecinos juntan esos restos de hollín y llenan densos frascos de café. El mismo negro y sucio polvillo que ingresa en sus casas y en sus pulmones.
Juan Carlos Bidegain es geólogo, miembro de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). En 2006 recorrió Campamento y realizó un estudio que comprobó la existencia de partículas minerales respirables a partir de una técnica de laboratorio de microscopía electrónica y ópticas de barrido. Esas micro-partículas ingresan en el organismo y, a partir de la deriva de los vientos, pueden viajar cientos de kilómetros. En el estudio –notoriamente silenciado- halló material particulado a casi tres kilómetros de Copetro.
Julieta Kolac es ingeniera agrónoma e integra el colectivo Vecinos Contaminados por Copetro. Define a las zonas de sacrificio como “territorios altamente contaminados donde predominan actividades ‘productivas’ extractivas y contaminantes que afectan la calidad de vida dañando tanto nuestros cuerpos y psiquis como también al ambiente”.
Nelva llegó al barrio en 1968 y desde ese entonces vive en la histórica calle Gaggino, -bombardeada el 16 de septiembre del 55 por la Revolución Libertadora-, a una cuadra de donde se instalara Copetro, acorazada tras un extenso muro anaranjado que dificulta la visión de la planta. Cuenta que las patologías familiares asociadas al aire enfermo que respiran se suceden de generación en generación. Los últimos estudios reflejan la “capacidad pulmonar reducida” de una de sus nietas. “Desde la empresa hasta nos han dicho que los caños de escape de los autos contaminan más que ellos. Son casi cuatro décadas de vivir con el hollín permanente en la ropa, en la casa, en cada elemento que usamos en la cocina. Lo nuestro es un grito silenciado”, remarca desalentada.
Peligrosas
La Ley de Radicación Industrial, Ley 11.459, establece distintas categorías para los establecimientos industriales según el material que manipulen, elaboren y almacenen y la calidad o cantidad de sus efluentes al medio ambiente circundante, entre otros requisitos. Las empresas categoría 3 son consideradas peligrosas porque su funcionamiento constituye “un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Por otra parte, el denominado NCA (Nivel de Complejidad Ambiental) es un cálculo que se realiza para determinar la categorización de dichas industrias, teniendo en cuenta factores como las materias primas, los efluentes, los residuos, la zonificación, los riesgos al ambiente y a la población, entre otros.
Asimismo, en su artículo 4° la ley regula la instalación de los parques industriales y toda forma de agrupación industrial que se constituye en la Provincia, exigiendo un Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) conjunto y previo a cualquier otra habilitación municipal o provincial. Dicha certificación “debe acreditar la aptitud de la zona elegida y la adecuación del tipo de industrias que podrán instalarse en el parque”. No son idénticas las medidas de mitigación necesarias para un establecimiento que para un conjunto de ellos, sobre todo si varios pertenecen a la categoría que mayor contaminación generan.
Los ambientes enfermos a causa de la producción industrial de firmas categoría 3, -las más peligrosas a la salud y el medio ambiente-, se repiten en la provincia de Buenos Aires como postales trágicas: en el barrio Virrey del Pino en La Matanza; Parada el Gallo en Pilar y La Rotonda en Florencio Varela. Las emanaciones tóxicas no dan tregua: asma, enfermedades respiratorias, anemias, deterioro cognitivo, leucemias y cáncer son algunas de las consecuencias de un modelo industrializado y tóxico. Son algunas de las enfermedades con las que conviven miles de habitantes en distintos barrios en contacto contínuo con la actividad de empresas contaminantes que, por su impacto en la salud humana y el ambiente debieran estar radicadas en Parques Industriales o en zonas rurales.
En casi todos los casos, las luchas vecinales llevan años o décadas frente a la desidia de los poderes estatales y la inacción u omisión de los organismos de control. Hay, además, un denominador común: las empresas aducen no violar ninguna ley, asegurando en la mayoría de los casos que la instalación de las firmas es previa a las poblaciones lindantes, pero los datos demuestran que las poblaciones son preexistentes a la radicación de las mismas.
En territorio bonaerense se multiplican las zonas en las que las vidas se debaten entre las resistencias en disputa, los miedos y la indefensión de vastos sectores postergados y la lógica de la impunidad garantizada a las empresas, que continúan operando, en absoluta vulneración del derecho a respirar aire equilibrado y vivir en un medio ambiente apto para el desarrollo humano, -derechos establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional-. Este sufrimiento ambiental también lo denuncian los habitantes del barrio 3 de junio de Berazategui, donde ciento veinticinco familias conviven con la contaminación ante la cercanía de los cables de alta tensión; los vecinos del Barrio Química en San Nicolás debido a la sistemática contaminación de Atanor, una de las firmas productoras de agrotóxicos más grande del país, que registraron unas doscientas muertes asociadas al funcionamiento de la planta y los lugareños de Marcos Paz, en lucha por el cierre de un centro de disposición final de residuos peligrosos (incinerador) liberador de dioxinas, sustancias cancerígenas causantes de diabetes y alteraciones en las funciones endocrina e inmunológica, entre otras patologías.
No tengas más hijos
Ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta Provincial N° 36, La Rotonda es un barrio obrero de treinta y dos manzanas, habitado por más de cuatro mil personas, en su mayoría mujeres y niños. El lugar está rodeado de la curtiembre Gibout Hermanos y Laboratorios Químicos Prolac, que se dedica a la clasificación y tratamiento de residuos especiales, y otras empresas de este tipo, como Industrial Varela, que se presenta en su página web como “operador/reciclador de baterías de plomo”, y opera en el lugar desde hace tres décadas. Marcela Acosta vive frente a esta última y es una de las pioneras en denunciar la contaminación. Sus tres hijos tuvieron altos niveles de plomo en sangre. Pero Industrial Varela no solo escupe plomo de sus tolvas sino que intoxicó los suelos: en los noventa la firma rellenó las calles con los desechos de su producción, generando una contaminación superior a la de un suelo de un Parque Industrial. Es decir, el plomo residual llegó a las napas de agua diseminando la contaminación por todo el barrio. A raíz de la lucha vecinal, el lugar fue declarado en Emergencia Sanitaria en 1997 y bajo Crisis Ambiental en abril de 2006.
-Estamos cansados. Fueron años de correr al hospital con mi hijo Lucas para que le dieran oxígeno. El dueño de la firma nos decía que los chicos se habrían intoxicado por jugar con las baterías de los autos o que los contaminaba la cadenita que usaban. Llegó a decirme que no tuviera más hijos- grafica Acosta. Toda su familia está afectada por plumbemia también llamada saturnismo, envenenamiento provocado por altos índices de plomo en sangre, con síntomas que incluyen retrasos en el desarrollo, irritabilidad y cambios neurológicos.
Leda Gianuzzi es doctora en Química y titular de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dice: “Trabajamos hace veinte años con la comunidad, recorrimos el barrio, participamos de muchas reuniones con el Comité de Crisis que se armó en su momento, con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Política Ambiental, participando de la realización de estudios”. “La empresa había rellenado las calles con residuos de plomo y era altamente probable que eso fuera a las napas. Tuvimos acceso a todos los análisis de sangre sobre todo de los niños, hechos por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, había niveles bastante altos. Participamos como Taller de Aguas y UNLP. Para los niños esa cantidad de plomo era un futuro problema mental, cognitivo. Es tóxico sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, por eso son los más afectados. Yo dije una serie de cosas y hablamos con la comunidad. A partir de nuestra intervención suspendieron el Comité de Crisis. Ellos ya tenían los resultados de las plumbemias”, explica a Crisis.
Mausoleos
Cuando una de las dieciséis tolvas de la firma Parex Klaukol explotó en 2009, Virrey del Pino, en el kilómetro 44.5 de la ruta provincial N 3, en La Matanza, quedó envuelto en una nube de polvo que lo cubrió todo. Susana Aranda se asombró de la amabilidad de la firma- dedicada a la producción de pastinas y materiales de construcción-, que proveyó a los vecinos afectados el pago de dinero y elementos de limpieza. A cambio debían firmar que renunciaban a todo futuro reclamo contra la empresa por contaminación. Aranda inició un relevamiento y se encontró con una realidad aplastante: en cada casa visitada había casos de enfermedades respiratorias y/o vecinos fallecidos por leucemias y cáncer. “Las casas pasaron a ser mausoleos, en algunas murió la familia completa”, recuerda. Y recuerda a los vecinos que ya no están: de los Cappatelli fallecieron mamá, papá y dos hijos; de la familia Acosta, mamá, papá y un hermano. Quedó la hija, que fue operada por una malformación y dejó el barrio. Da mucha bronca: son muertes silenciadas”. Y la lista sigue.
Desde que se fusionó con la multinacional Parex- uno de los mayores productores de morteros a nivel mundial- la planta de La Matanza recrudeció su producción. Al barrio arriban cada día entre 30 y 50 camiones de arena que será mezclada con agregados tóxicos, como aditivos, gases y aerosoles. Del tratamiento de ese cóctel se desprenden partículas de sílice cristalina, clasificada como cancerígeno humano según las hojas de seguridad de Lafarge North América Inc. La emanación crónica de este compuesto provoca silicosis, una patología fibrósica-cardiovascular de carácter irreversible que desarrolla fibrosis nodulares en los pulmones y aumenta el riesgo de contraer tuberculosis.
Gerardo Alonso acompañó a Aranda en cantidad de reclamos y protestas iniciados los últimos diez años. Su mujer murió de cáncer de pulmón a los 40 años. Al poco tiempo falleció su cuñada. Sus suegros habían fallecido pocos años atrás. También participa en la demanda colectiva presentada hace una década atrás por ciento treinta y siete vecinos. “A nadie le importa nuestra vida, hemos probado que Klaukol contamina, pero es tan grande su poder económico que los jueces duermen la causa mientras morimos al fondo de La Matanza”, señala Aranda.
Erica Hanh llegó al barrio rural Parada El Gallo (situado en la ruta Provincial N° 25, kilómetro 11,5, partido de Pilar) en 1997, buscando una tranquila vida de campo pero se topó con una realidad frustrante que jamás imaginó. Junto a su ex marido y sus hijas supo tener colmenas y algunos animales. “Estudiaba el profesorado de Biología, andábamos a caballo y nos íbamos a unas tosqueras que era un lugar muy lindo, hoy convertido en basural”, señala. Alrededor del año 2000 empezaron a radicarse las industrias. Así empezó Tradec, luego una asfaltera. “Empezamos con las denuncias por olores nauseabundos pero se perdían. Fuimos acumulando más pruebas, empezaron a morirse los animales y buscamos gente que nos pudiera asesorar. Ellos me enseñaron todo lo que tenía que hacer para que los expedientes no se “pierdan”. Sufrimos amenazas y en lo personal, un claro mensaje para callarme. El propio presidente de Verasur intentó atropellarme; vino con su camioneta hasta mi casa y me la tiró encima. La denuncia, claro, está cajoneada. Estas industrias no tenían certificado de aptitud ambiental y fueron apareciendo, mal hechos, incompletos. La costumbre de esta gente es radicarse en medio de poblaciones que consideran sumisas, no pensaron que íbamos a luchar”, cuenta Hanh. Me tuve que ir del lugar que elegí para vivir. Mi hija (fallecida hace unos años) fue una de las tantas personas que enfermaron por respirar aire contaminado en ese lugar y ya no están. Los olores fuertes la hacían vomitar más que la quimioterapia. Mi hija y otros vecinos fueron población de sacrificio para los negocios de estos señores. Si se hubieran hecho como corresponde los estudios de impacto ambiental y se respetara la legislación vigente, jamás estas empresas se podrían haber instalado”, señala Hanh. En la actualidad, dirige Organización de Ambientalistas Autoconvocados, ONG que se ocupa de brindar asesoramiento jurídico a quienes se encuentren afectados por la contaminación.
Ciegos
José Martocci dirige la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dependiente de la universidad (UNLP). Lleva adelante casos de vulneración de los derechos ambientales y patrocinó a los vecinos en lucha contaminados con plomo en La Rotonda. El reciente fallo en torno a la demanda colectiva presentada condenó a la firma Industrial Varela, -recicladora de baterías de plomo-, por daño ambiental y le dio un año de plazo para que reconvierta su producción en una no contaminante o mude sus instalaciones a un Parque Industrial. En una extensa charla mantenida con Crisis, Martocci da cuenta de una matriz común a la problemática contaminante, al margen de las singularidades propias de cada caso.
“El diseño de nuestra vida social está muy regido por lo productivo, lo industrial, lo económico. Es tan preeminente esta fuerza que los municipios, las provincias y hasta las propias poblaciones se vuelven ciegos frente al daño que producen empresas que son las que llamamos de tercera categoría, que son las que producen un daño indudable al ambiente. Es la categoría más gravosa, la más peligrosa. Es tal el afán de desarrollo de lo económico, de lo industrial que es muy difícil poner en evidencia estos ciclos de ruina. Vos podés entrevistar a gente vecina implicada en el problema que, por ejemplo, tiene sus hijos con plomo. Pero hay un montón de gente del mismo lugar para la que esto no tiene relevancia porque su familia no fue alcanzada por la contaminación. En las primeras manzanas el impacto es relevante; sobre el final no tanto. Las personas más activas son las de las primeras manzanas y las del fondo no se enteran. La Rotonda es un círculo rodeado de empresas contaminantes. Esta es la tensión que se da dentro de la modernidad”.
En su libro Inflamable, el sociólogo Javier Auyero acuña el concepto de sufrimiento ambiental como una “forma particular de sufrimiento social causado por acciones contaminantes concretas”. Junto a Débora A. Swistun, Auyero se propuso el abordaje a partir del trabajo in situ en los barrios Porst, El Danubio, El Triángulo y la villa adyacente al Polo Petroquímico en Dock Sud. Allí, los vecinos conviven desde hace décadas con altos niveles de plomo en sangre y las patologías derivadas de la exposición al aire y el agua intoxicados, en un contexto de marcada pobreza.
Martocci retoma este concepto y agrega: “El daño ambiental es un daño de clase. El hilo siempre se va a cortar por la población descartable. El que tiene plata interrumpe el daño rápidamente. Los problemas ambientales existentes en barrios cerrados se resuelven rápidamente, ni te enterás. Hay, por otra parte, un cambio en la concepción de urbanidad donde la ciudad no es ya el lugar que incluye a todo el mundo sino que la ciudad crea sus propios bolsones de riqueza y pobreza extremas, bolsones de exclusión. Esta misma matriz se encuentra en casi todos los casos de impacto ambiental, si bien el de Industrial Varela es un caso extremo porque el plomo no se disuelve en el organismo provocando un daño irreversible”.
En una pared de la calle Gaggino, en pleno ambiente enfermo, se lee una cita de Julio Cortázar: “La realidad de los pueblos, esa realidad que necesita la belleza, tanto como necesita de la verdad y la justicia”.
Publicado originalmente en Revista Crisis.
